Crimenes

(Capilla Del Condestable)

Tras el asesinato fue detenido un gran número de personas (según algunos hasta 140), entre los que se encontraban varios miembros del equipo del cabildo: el deán Pedro Gutiérrez de Celis, el provisor, Jorge de Arteaga, el magistral, Manuel González Peña y otros canónigos, todos en libertad a los pocos días, con sus causas sobreseídas, lo mismo que la del arzobispo, Anastasio Rodrigo Yusto, que estuvo confinado en su palacio, aunque no caben dudas sobre la responsabilidad de todos ellos en la organización del tumulto.

Y se dieron casos curiosos, como el de los cinco seminaristas que habían sido detenidos porque el día después del asesinato habían tomado el tren de Burgos a toda prisa olvidándose de facturar sus baúles. Los cinco fueron liberados en poco tiempo.

Pero entre los detenidos se encontraban unas sesenta personas que sí fueron juzgadas en una veintena de procesos, entre ellas Dámaso San Martín, Mariano Camarero, alia El Cascorro, Blas Gil Villalmanso, Pedro Miguel Bueno, Víctor Chiribenches, Clemente Martínez Avila y Francisco Martínez Hernando. En general gente humilde, de escasos recursos y bajo nivel cultural. La mayoría de los acusados y testigos eran analfabetos y tuvieron que firmar su declaración con una cruz.


Los consejos de guerra se celebraron con tal celeridad que hace dudar de la seriedad y garantías de los procedimientos, pero los interrogatorios de acusados y testigos, los careos entre ellos, la autopsia del cadáver y los antecedentes de los acusados ofrecen informaciones útiles para iluminar asunto tan turbio.

Los testigos mencionaron a varios agitadores que vociferaban en los alrededores y en el interior de la catedral, uno de ellos, Valentín Rodrigo, capataz de las obras que el Ayuntamiento estaba realizando en El Espolón provocaba a los trabajadores con sus gritos a que se revelaran contra los actos del Gobierno, y que el gobernador quería robar las alhajas y que era menester arrastrarle y matarle. Otros testigos identificaron a un tal Chiribeches, que decía asegurando que era preciso matar al gobernador y arrastrarle dando vivas a la religión, a Dámaso San Martín, que llevaba un hacha, y a Cabrera, que llevaba los bombachos llenos de sangre. También que el alcalde intentó detener a la multitud sin conseguirlo.

Con respecto a la Guardia Civil, el testigo Vicente Prieto afirmó que “sin ofrecer resistencia alguna, dio paso a la multitud en el momento que ésta entraba furiosa en el templo a las voces de ¡viva la religión1 y ¡muera el gobernador! Otro, Gil Tovar, testificó que había visto entre la turba a Dámaso San Martín sacando un hacha de debajo del marsellés, exclamando “Donde está ese bribón que lo voy a matar”. Al tal Dámaso San Martín le incautaron un hacha en su casa, que según los testigos, era la que enarbolaba enfurecido en el momento del linchamiento, extremo que el acusado negó insistentemente durante todo el proceso, afirmando que él no estuvo en la catedral aquel día, a pesar de los numerosos testigos que lo vieron.

El testigo Vicente Prieto vio a un canónigo abriendo las puertas del claustro diciendo “Ahí dentro está”, y al poco rato sacaban al gobernador ya ensangrentado del claustro. Y a su salida vio levantarse una mano con un hacha que cayó sobre la cabeza del Gobernador Civil, que cayó por el suelo. El testigo Valentín Rodrigo afirmó que al Inspector Domingo Mendívil le desarmó un grupo de sediciosos, a cuyo frente iba un tal Jarrillas, y un joven a quién no conocía.

(Carlos VII)

Desde el comienzo, el Cabildo sostuvo que el gobernador había sido asesinado en el exterior de la catedral, en las escalinatas de la Puerta del Armental. El tema no era baladí, porque el asesinato en el interior. El tema no era baladí, porque el asesinato en el interior hubiera supuesto la profanación del templo. Para evitarlo, los canónigos no dudaron en cambiar el lugar del crimen e incluso el arma homicida, Así, en el libro de ceremonias del Cabildo se afirma que “el día 25 de Enero de 1869 a las once y media de la mañana, en el acto de ir a incautarse de los objetos científicos, artísticos y literarios de esta Santa Iglesia el Sr, Gobernador civil de Burgos, las turbas amotinadas rompieron su bastión sobre su cabeza vertiendo bastante sangre en el primer tramo del claustro y especialmente desde su puerta al cancel inmediato y escalera del Sacramental, donde le asesinaron”.

Sin embargo, algunos testigos afirmaron haber visto como un hacha o piqueta golpeaba la cabeza del gobernador en el momento de sacarlo del claustro y entrar en las naves. El testigo Vicente prieto reitera que no observó más que la mano que vio levantarse y descargar sobre el gobernador, para salir por la puerta del claustro.

El resultado de la autopsia abunda en que el arma homicida bien pudo ser un hacha, y por tanto, no quedaría duda alguna sobre el lugar del asesinato. Según el dictamen de los facultativos Hipólito Tobes y Nicanor Díaz Salazar, las lesiones situadas en las regiones de la cara y cabeza, debieron ocasionar prontamente la muerte del expresado sujeto, perdiendo antes el sentido, y causando aquella la fuerte congestión cerebral propia del carácter de las lesiones eminentemente contuso. Estas lesiones debieron ser ocasionadas por un cuerpo a la vez que contundente, de bordes algo cortantes, como bien pudo serlo un martillo por su extremo agudo, una piqueta y otro análogo, y que las demás lesiones del cuerpo y extremidades, así como las equimosis de la cara pudieron ser causadas al tiempo de ser arrastrado, que debió ser boca abajo y por la acción de algún palo sufrido anteriormente.

Por orden del gobierno, la catedral estuvo cerrada hasta el 20 de marzo, día en el que se celebró, presidido por el arzobispo, el acto de purificación del templo, en el que se lavó y limpió la sangra derramada en la iglesia, según reza el libro de ceremonias.

Pese a la contundencia de testimonios y pruebas, las condenas fueron leves para lo que se levaba. Unos fueron condenados a cadena perpetua (El Cascorro, que llevaba en la mano un martillo, Chiribeches, Blas Gil y Dámaso San Martín), otros a veinte años otros a diecisiete y a menos. San Martín, el operador del hacha fue condenado a morir en la garrote, pero poco después se le conmutó por cadena perpetua, indemnización a la viuda con mil escudos y a interdicción civil de por vida. Pero lo cierto es que tampoco cumplió estas penas, pues fue declarado insolvente, y en diciembre de 1871, amnistiado, con apenas los tres años de reclusión. Algo parecido pasó con el resto de los condenados.

Queda claro que, pese a la severa condena social y a las demandas de sumo rigor, hubo una falta de rigor procedimental en los consejos de guerra lo que, combinado con la influencia de la iglesia y lo revuelto de la época, puso pronto a los culpables en la calle.

La misma evolución histórica del país, con la entrada en escena de Amadeo de Saboya, cuyo primer acto oficial fue rendir homenaje al cadáver del general Prim, el hombre que había propiciado su elección, aceleraría el proceso de amnesia colectiva. Seguramente, el propio Gobernador Provisional y sus miembros, que siguieron en activo la política del país, prefirieron olvidar el malogrado decreto, que sólo había producido quebraderos de cabeza.

Sin embargo, el Gobierno estaba convencido de que el crimen de Burgos no era un caso aislado, una obra espontánea de las masas, sino que según su manifiesto del 28 de enero, se debía a la existencia de un complot de gran alcance. Igualmente el Gobierno pensaba que se trataba de una conspiración formidable, no por el número y valor de sus autores, sino por el evidente propósito de encender el fanatismo religioso, promoviendo una de esas guerras fratricidas cuyo sombrío cuadro describe con horror la historia, y de las que son episodio sucesos parecidos al de Burgos.

Igualmente fue recalcado por el nuevo gobernador civil de Burgos, Julián Zugasti, quién escribió en sus memorias: “Con afortunada sagacidad descubrí una formidable conspiración, previniendo sus desastrosos efectos”.

¿Realidad, ficción o simple pavor a la nueva situación surgida de La Gloriosa?

Quizás las investigaciones en marcha resuelvan el misterio en el que quedó sumido.

El archivo municipal de Burgos, bajo la dirección del profesor Joaquín García Andrés, ha organizado un interesante programa didáctico para que los alumnos de secundaria investiguen este asesinato de fuertes implicaciones políticas, a través de los fondos documentales y hemerográficos. Quizás ellos sean capaces de echar luz sobre este asunto. García Andrés anuncia a su vez la próxima aparición de una publicación sobre el tema.

Fuente de Datos:
*El asesinato del gobernador de Burgos – Arturo Colorado Castellary, Universidad complutense de Madrid. – La Aventura de la Historia.